La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de cerrar vacíos legales y garantizar justicia para las víctimas.

La propuesta, que será enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea sanciones de entre 40 y 70 años de prisión, incorpora 21 agravantes y establece que los agresores pierdan cualquier derecho derivado de la víctima, como patria potestad, tutela, custodia y acceso a bienes. Además, busca que el feminicidio sea perseguido de oficio y que no prescriba.

Entre los cambios más relevantes, se plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio. Para ello, se establecen protocolos homologados con perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, correcta preservación de indicios y coordinación entre autoridades. También se propone implementar turnos continuos para evitar que las investigaciones se detengan por cambios de personal.

La iniciativa reconoce el feminicidio como una grave violación a los derechos humanos, por lo que incluye medidas de protección y reparación integral del daño, así como atención médica, psicológica y legal para víctimas directas e indirectas. Asimismo, prevé protección especial para hijas e hijos de las víctimas y el fortalecimiento de políticas públicas para prevenir la violencia feminicida.

El proyecto también contempla que todas las fiscalías del país cuenten con unidades especializadas y personal capacitado para investigar este delito y atender a las víctimas.

Entre los agravantes que incrementarían las penas se consideran factores como la edad de la víctima, discapacidad, pertenencia a pueblos originarios, situación de movilidad, violencia sexual, lesiones degradantes, exposición del cuerpo, incomunicación o indefensión, así como la presencia de hijas e hijos durante el crimen. También se incluye la sanción a la tentativa de feminicidio y la pérdida de derechos sucesorios por parte de los agresores.