

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro A.C., ahora bajo la presidencia de Edgardo Olvera Bocanegra.
El evento, que contó con la presencia de los titulares del Poder Judicial y la Fiscalía General, no solo renovó liderazgos, sino que formalizó una alianza estratégica para garantizar que nadie en el estado se quede sin defensa jurídica por falta de recursos.
El punto central de la ceremonia fue la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno y el Colegio. Este acuerdo busca que los abogados penalistas pongan su prestigio y experiencia al servicio de los sectores más desprotegidos de la entidad.
Orientación jurídica: Información clara sobre derechos y procedimientos para personas en situación vulnerable.
Asesoría y acompañamiento: Representación legal profesional en el Sistema de Justicia Penal sin fines de lucro.
Capacitación y difusión: Actividades para fortalecer la cultura de la legalidad tanto en ciudadanos como en servidores públicos.
Eric Gudiño aclaró que, aunque el Colegio tiene la disposición de actuar, el Gobierno del Estado —a través del Instituto de la Defensoría Penal Pública— supervisará y complementará estas acciones.
«El servicio será estrictamente gratuito, sin generar ninguna obligación económica para los representados, garantizando un acceso real a la justicia», puntualizó el secretario.
Por su parte, el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández y el magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola atestiguaron este compromiso, subrayando que la integridad y la honestidad de los litigantes son piezas clave para mantener un sistema legal sólido y transparente en Querétaro.